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Elecciones en España : el triumfo engañado de la izquierda

Después de cuatro años de legislatura en la que la crispación ha sido la nota dominante, el PSOE ha vuelto a ganar las elecciones generales celebradas en España el pasado día 9 de marzo con una ventaja en porcentaje de sufragios de casi 3,5 puntos. Los socialistas obtienen algo más del 43,6% de los votos y 169 diputados, cinco más que en las anteriores legislativas. El Partido Popular por su parte obtiene el 40,13% y gana cinco escaños, al pasar de 148 a 153. Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Unida se desploman y Unión Progreso y Democracia, el partido de Rosa Díez, entra en el Parlamento.
Así, no es difícil deducir que dicho resultado conduce al país a un bipartidismo nada deseable, y lo que no es nada desdeñable : el gobierno entrante, para poder conformar una mayoría sin sobresaltos, va a tener que realizar pactos con una fuerza política que se encuentra en las antípodas del PSOE : Convergencia i Unió que cuenta con 11 diputados (la Cámara Baja está compuesta por 350 diputados), partido compañero de filas del Partido Popular Español en el Parlamento Europeo. Conviene resaltar también la caída en picado de Esquerra Republicana de Cataluña formación que pasa de 8 diputados a 5.

El mal resultado de la izquierda

Por otro lado la pérdida de 3 diputados por parte de Izquierda Unida, cuyo núcleo esencial es el Partido Comunista de España, ha forzado la dimisión de facto, de su actual coordinador Gaspar Llamazares al anunciar que no se presentará a la reelección al puesto de coordinador general en el próximo congreso a celebrar en los próximos meses. Desde las filas de la formación este resultado se achaca al “voto útil”, en virtud del cuál una parte del electorado de izquierdas votaría al PSOE para evitar una victoria de la derecha, así como por el desencanto por parte de muchos de sus votantes por al papel de soporte al Gobierno que ha ejercido la formación durante ésta legislatura, apoyando al Gobierno en todos sus proyectos sociales, (Ley de Igualdad, Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, Ley de Reforma del Código Civil para posibilitar los matrimonios homosexuales, Ley de Dependencia, etc) lo que le ha valido no pocas críticas por parte de determinados sectores de la formación tachando esta política de “excesivamente pactista” con el gobierno de Rodríguez Zapatero y de ahí, el trasvase de votos.
Planteado así el escenario para la próxima legislatura, es fácil deducir que el gobierno va a tener que realizar cambios en la orientación de su política habida cuenta del soporte que recibía en la pasada legislatura por parte tanto de IU como de ERC. Le necesidad por parte del gobierno de tener que realizar acuerdos con una formación cuya bandera en materia de politica fiscal es la reducción de impuestos tales como el IVA o la supresión del Impuesto de Sucesiones, medidas éstas de claro corte liberal-conservador, convive mal con la posibilidad de incrementar el gasto social con el fin de paliar situaciones de necesidad. Gasto social que si bien es cierto que en términos absolutos se ha incrementado en ésta legislatura con respecto a la anterior bajo mandato del ex presidente Jose María Aznar, no parece que sea suficiente habida cuenta de que, según la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística, dos de cada 10 residentes en España (un 19,9% de la población) se encuentra por debajo del umbral de pobreza relativa, y que fija este límite en 6.860 euros al año.
Durante la campaña electoral el actual presidente del gobierno se comprometió, como primera medida a tomar después de las elecciones, a llamar a los agentes sociales para negociar un nuevo pacto por el empleo y la política social, “con más votos, gobernaremos con más humildad” afirmó Zapatero nada más conocer los resultados electorales. La pregunta que surge de inmediato es que entiende el Presidente del Gobierno por “gobernar con humildad”. Quiere decir que, con el fin de conseguir estabilidad parlamentaria va a ceder a determinadas presiones de los nacionalistas catalanes de CiU o, por el contrario es un mensaje en clave para todos aquéllos que piensan que, en materia social, el gobierno si bien ha andado un buen trecho, no es ni con mucho el ideal de la política netamente de izquierdas.

Ejemplos problematicos

Uno de las cuestiones más controvertidos de ésta legislatura ha sido, sin duda alguna, sus relaciones con la iglesia católica. La férrea oposición que ésta ha ejercido durante toda la legislatura a proyectos tales como la reforma de los planes de estudio para introducir una asignatura de carácter obligatorio de “educación para la ciudadanía” y que la ha llevado a, nada mas y nada menos que convocar cinco manifestaciones masivas contra el gobierno (hecho éste sin ningún antecedente en Europa e incluso en España ni siquiera en los dificiles momentos de la transición ha provocado un profundo rechazo a ésta por parte de muchos sectores dentro del PSOE, así como de sus aliados parlamentarios de Izquierda Unida la pasada legislatura demandando al Gobierno que, de una vez por todas se decida a revisar el Concordato de Cooperación entre España y la Santa Sede de 1977 y que permita avanzar en la autofinanciación de la iglesia. En este sentido, la posición de CiU es clara : es un partido de corte demócrata-cristiano y es partidario del mantenimiento del actual status. No hay que perder de vista tampoco que otro posible aliado del gobierno, mas por demerito de la derecha que por merito de la izquierda, y que no es otro que el nacionalismo vasco encarnado el en el Partido Nacionalista Vasco (6 diputados) es de raíces también católicas, por tanto no parece que por ahí las cosas vayan a cambiar mucho de lo que se colige que dicho concordato es fácil que no sea reformado.

Otro aspecto a tener en cuenta es la mejora del actual régimen del desempleo. Si bien es cierto que el paro bajó el año pasado en 120.000 personas, el 5,64% respecto a 2003, el total de desempleados se situó en 2.007.100 y la tasa de paro se redujo hasta el 10,38%. Así mismo, según los datos suministrados por el Servicio Publico de Empleo Estatal, el número total de perceptores de prestación de carácter contributivo asciende a menos de 1.000.000 del total de los desempleados inscritos con lo que sería deseable mejorar las condiciones de aquéllos que, queriendo y pudiendo trabajar, no les es posible encontrar empleo. A tal fin la flexibilización de las condiciones para el acceso a la prestación económica sería una medida bien recibida por parte de muchos sectores de la izquierda (en la actualidad para acceder a prestaciones por desempleo es necesario haber trabajado un total de 360 dias para poder generar una prestación de 120 días y con una cuantía media que no sobrepasa en ningún caso los 1000 ? mensuales) sin embargo, dado el corte liberal de aquéllos en los que puede sustentar su acción de gobierno no se atisba ninguna media en éste sentido. A más abundamiento nada dice al respecto el programa electoral socialista con respecto a ésta cuestión.
Con estos ejemplos se intenta poner de manifiesto que el actual gobierno tiene poco margen para mejorar las políticas sociales. Con una oposición cuya actuación durante ésta legislatura todavía es un misterio nunca se dio a si misma como perdedora, y con unos aliados de gobierno más próximos a la derecha neoliberal que a las tesis más progresistas, no podemos esperar nada bueno. Por lo demás, quedan muchas cuestiones que resolver tales como la configuración del Estado a la luz del desarrollo de los nuevos estatutos de autonomía que han recibido críticas tanto desde la derecha como desde la propia izquierda (especialmente el estatuto catalán que se encuentra impugnado ante el Tribunal Constitucional Español), la política en materia de aguas verdadero caballo de batalla de la derecha española sobre todo en las comunidades de Valencia y Murcia gigantescos graneros de votos del PP, o la lucha contra el fraude fiscal, verdadero cáncer de cualquier iniciativa presupuestaria y que, según la propia asociación de Técnicos de Hacienda se cifra en nada más y nada menos que 25.000 millones de euros (la mitad del fondo de reserva de las pensiones que asciende a 52.000 millones) y que recibe siempre un tratamiento demasiado tibio por parte de todos los partidos políticos excepto IU.
Este es el actual escenario político surgido del pasado proceso electoral. España se parece bastante ya (por desgracia) al modelo ingles o germano de bipartidismo que, no sólo tiñe de liberalismo todo la unión europea y que se rige por los estrictos criterios en materia de déficit presupuestario por los parámetros del BCE, sino que impide también el avance de fuerzas políticas situadas más a la izquierda del PSOE que sirvan de contrapeso al avance del neocapitalismo y que permitirían el incremento del gasto social. En todo caso, habrá que esperar.